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Por desbloquear iPhones, el depredador sexual de la embajada de EU puede salir libre

Fallas en la incautación de dispositivos donde se descubrieron 479 fotografías y videos de distintas mujeres, desnudas e inconscientes, algunas de ellas mexicanas, complican el juicio contra el agresor sexual.

Brian Jeffrey Raymond, el ex funcionario de la Embajada de Estados Unidos en México que fue acusado de abusar sexualmente de al menos 24 mujeres –y sospechoso de efectuar dos violaciones–, nueve de ellas en la Ciudad de México, por lo pronto logró salirse con la suya y retrasar su castigo, a pesar de la revelación de más pruebas que demuestran que en teléfonos celulares y una cuenta en la nube al menos 479 fotografías y videos de distintas mujeres víctimas, desnudas e inconscientes.

Esto sucedió luego de que dos agentes de la Oficina de Investigaciones Especiales del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS por sus siglas en inglés) le hicieran usar la biometría y revelar su número confidencial o NIP para desbloquear un teléfono donde había evidencia de sus abusos. Según la defensa del ex espía de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y depredador sexual que trabajaba en la Embajada en México, a pesar de los hallazgos, lo que hicieron los agentes fue una “ilegalidad”, ya que no contaban con una orden de registro vigente en ese momento.

No obstante esos artilugios legales, información obtenida por MILENIO revela que, según un análisis forense en un iPhone 6, otro iPhone XR y una cuenta en la nube iCloud, hasta ahora se han encontrado más de casi 500 fotografías y videos explícitos de mujeres mayores de edad que fueron víctimas del funcionario.

El caso de Raymond, quien se desempeñaba formalmente como primer secretario de la Embajada de Estados Unidos en México –aunque también era empleado de la CIA–, se descubrió el 31 de mayo del 2020, cuando fue detenido por las autoridades mexicanas en una residencia oficial situada en el barrio capitalino de Polanco, luego de que personas avistaron que una mujer, medio desnuda, pedía ayuda a gritos desde el balcón del departamento del diplomático.

En principio Raymond, gracias a la inmunidad diplomática, fue liberado por la policía mexicana a pesar del hecho bochornoso. Pero el 31 de mayo del 2021 el funcionario fue detenido por las autoridades estadounidenses en su propio país. Hoy el FBI lo califica como un “delincuente sexual en serie”.

“Pequeño” inconveniente técnico
El dilema en que podrían estar los juzgadores en Estados Unidos hacia este delincuente es que los documentos judiciales y los cargos que pesan sobre él realmente se desprenden del contenido de los aparatos electrónicos que fueron encontrados en la residencia oficial en Polanco, es decir, teléfonos celulares y un depósito en la nube de la firma Apple. La evidencia incriminatoria fue extraída en su mayoría de los dos iPhone.

Además de los videos, fotografías y mensajes que ahí se evidenciaban, se reveló que entre sus búsquedas comunes en internet se encontraban frases como: “Zolpidem Tartrato farmacias”, “Ambien y efectos secundarios del alcohol”; “Ambien y alcohol y desmayarse”; “Niña negra desmayada” y otras relacionadas con drogas y mujeres abusadas sexualmente. Ambien es la marca comercial de la sal sedante-hipnótica conocida como zolpidem, usada para tratar casos de insomnio.

“Se violó la Cuarta Enmienda y los derechos de la Quinta Enmienda cuando obtuvieron los códigos de acceso del Sr. Raymond al presentar falsamente, en múltiples ocasiones, una orden de allanamiento de información biométrica ya vencida”, alegaron los abogados contratados para llevar la defensa del acusado.

Establecieron que los dos agentes especiales del Servicio de Seguridad Diplomática que llevaron a cabo la investigación ordenaron a Raymond que digitara repetidamente sus códigos de desbloqueo en los dispositivos, pero sin mediar una orden judicial; además, argumentaron que el gobierno de Estados Unidos no aportó alguna prueba que demostrara que uno de los dispositivos era un teléfono “oficial” de la Embajada en México.

Pese a las cientos de fotos encontradas con sus víctimas desmayadas, los abogados fueron más allá y arguyeron que, aunque el gobierno fuera propietario de uno de los teléfonos, la búsqueda que se hizo en él fue completamente unilateral, “en cuanto a que el Sr. Raymond poseía una expectativa razonable de privacidad”.
Denuncian ilegalidad
—Necesitamos sus números NIP de estos teléfonos para que podamos acceder a ellos. ¿Está bien?—.
“Tengo que consultar a un abogado, honestamente. No puedo… es algo que tengo que hacer. ¿Sabes? No sé cuáles son mis derechos en esta situación”.
—Tienes razón, pero estamos incautando los teléfonos. Lo que debemos hacer es desbloquearlos y al menos ponerlos en modo avión. ¿De acuerdo?—.
“No, no hasta que consulte con un abogado”.
—No estamos jugando. Si necesita la información, se la haremos llegar. ¿Quieres saber la verdad? La verdad es que, de una forma u otra, nos estamos metiendo en los teléfonos. Eso es lo que hacemos, ¿verdad?, entonces, si desea cumplir con eso o hacer que sea un proceso difícil, depende de usted—.
Esta fue parte de la conversación que sostuvieron los agentes especiales Nelsor y Gajkowski el 6 de junio de 2020 con Brian Jeffrey Raymond en un hotel en territorio estadunidense. Según lo que ellos relataron, a las 12:26 terminó el proceso con Raymond, quien se negó a desbloquear los teléfonos a pesar de que en ese primer encuentro los agentes llevaban una orden de incautación que incluía datos biométricos, es decir, aunque se negara a pulsar el código, podrían obligarlo a poner su huella en el teléfono.

Los agentes abandonaron el hotel y llamaron a la fiscal asignada por el gobierno. Le reportaron que el depredador se había negado a proporcionar los códigos de acceso y que no le exigieron los datos biométricos, es decir, las claves para desbloquear sus teléfonos. Pero, luego de que el Departamento de Justicia les diera instrucciones claras para regresar y obligarlo a desbloquear el aparato, se dieron de nuevo a esa tarea.

Fueron terminantes en la instrucción. Uno de los agentes amenazó al delincuente: “Así que educadamente le pediremos que lo abra [el acceso al teléfono]. Si no lo hace, podemos esposarlo y luego usar su pulgar para abrirlo. Lo detendremos hasta que obtengamos las contraseñas”.

El problema es que los agentes desconocían cómo funcionaba un iPhone. Intentaron cambiar las claves de acceso al teléfono y eliminar la clave original, pero la orden judicial no incluía ese procedimiento. Era un lío tremendo. Su desconocimiento les impidió hacer esa operación, de tal manera que el acusado terminó desbloqueando sus teléfonos con su código de acceso.

Nadie imaginó que ese pequeño inconveniente técnico retrasaría la aplicación del castigo para el depredador sexual.

La defensa de Raymond advirtió que para intentar tapar esa ilegalidad, el gobierno estadounidense aseguró que podía tener acceso libre al menos al iPhone 6, que era un teléfono de trabajo que pertenecía a la Embajada ubicada en México. Sin embargo, dicen los defensores, esto no puede probarse.

“El dispositivo carece de cualquier programa del Gobierno de Estados Unidos, configuraciones o sistemas afiliados, y ni siquiera está conectado a un servidor gubernamental”. Según sus alegatos, el dispositivo tenía la cuenta personal de Yahoo de Raymond, y no se menciona ninguna dirección de correo electrónico afiliada al gobierno. De hecho, aseguraron, “el iPhone 6 ni siquiera estaba configurado para que el Sr. Raymond accediera a su trabajo”.
Sin embargo, en uno de los interrogatorios el propio Raymond, cuando se le preguntó nuevamente si el iPhone 6 era su teléfono de trabajo, respondió: “correcto… el número mexicano”.

Hoy la defensa también sostiene que, si no hubieran obligado a Raymond a desbloquear el aparato, los agentes podrían haber tardado hasta 25 años en conseguirlo. Así, gracias al acceso ilegal que tuvieron a los teléfonos del acusado, fue posible obtener una orden judicial para revisar sus cuentas de iCloud. De tal manera que todas las evidencias estarían sustentadas en un presunto acto ilegal por parte del Departamento de Justicia, dicen los abogados.

Sorpresivamente, por este fallo en el debido proceso, desde hace meses Raymond ha pedido que se supriman todas las pruebas incriminatorias que se encontraron en su teléfono.

Pero hay más evidencias recientes
Mientras tanto el gobierno estadunidense y los agentes especiales han enviado cartas a las principales empresas de citas para preservar las conversaciones de Raymond a través de Tinder, Bumble, WhatsApp y Apple, los principales medios que utilizó para contactar a sus víctimas.

Lo anterior se debe a que, durante la investigación, los agentes descubrieron que el depredador sexual admitió haber borrado fotografías de ambos teléfonos, incluidas fotos de perfil de su Tinder y WhatsApp, por ejemplo.

Entre las acciones que se han tomado para este caso incluye una orden de registro residencial en Polanco, en la Ciudad de México, además de una entrevista con una de las víctimas, justamente la chica que gritó desde un balcón en busca de ayuda en el año 2020.

En un documento de esta semana finalmente el gobierno reveló parte de las pruebas que tienen en contra del violentador sexual: días después de la incautación de los teléfonos, el analista forense Raymond White comenzó una revisión de los dispositivos y lo primero que encontró fue una fotografía de una joven desnuda e inconsciente. Hasta el día de hoy se han encontrado a través del análisis forense la presencia de decenas de fotografías y videos explícitos en el iPhone XR, todas ellas mujeres, víctimas mayores de edad.

Ese dispositivo también contenía mensajes de Tinder con una víctima mexicana y búsquedas en internet relacionadas con los abusos. A su vez, el análisis del iPhone 6 reveló mensajes de WhatsApp con otras víctimas y búsquedas en internet relacionadas con, por ejemplo, “niña asiática roncando”.

El gobierno asegura que el acusado borró material “obsceno” de su iPhone XR y que las imágenes originales fueron respaldadas en la cuenta de iCloud, a la cual no hubieran tenido acceso si los agentes especiales no le hubieran pedido a Raymond que desbloqueara sus aparatos.

A través de una orden para ingresar a su cuenta en la nube hoy se han encontrado otras 400 imágenes explícitas donde aparecían sus víctimas.

Pero hay otros dispositivos involucrados. Uno de esos, incautado en México, es una computadora portátil Asus morada. Ahí las búsquedas en internet incluyen cosas como “Niña asiática desmayada en la calle”. Además, se recuperaron 34 imágenes explícitas con otras dos víctimas.

Otros hallazgos encontrados en Polanco se dieron en una computadora portátil Asus azul, donde también figuraban búsquedas en internet de términos relacionados con mujeres desmayadas o drogadas, y otras nueve imágenes explícitas de dos víctimas diferentes.

Hoy el gobierno sostiene que al menos en el caso del iPhone 6, que era propiedad de la Embajada, los tribunales han determinado regularmente que el empleado no tiene una “expectativa razonable de privacidad”, lo que significa que puede ser sometido a auditorías.

“Además, el acusado era un empleado del gobierno de los Estados Unidos en el momento de la supuesta conducta. Por lo tanto, además de las normas internas del empleador, la naturaleza del empleo del demandado pesa contra cualquier afirmación de que tenía una expectativa de privacidad en su dispositivo”, sostiene la Fiscalía de Columbia.
Apenas este 30 de junio los Fiscales del Distrito de Columbia, donde se lleva a cabo el caso del depredador sexual, solicitaron al juez que desestime las peticiones de Raymond para suprimir toda esta evidencia encontrada en su contra, por la presunta ilegalidad que cometió el Departamento de Justicia al pedirle que desbloqueara su celular con su NIP de acceso.

Mientras tanto, el FBI mantiene una ficha donde invitan a sus víctimas a denunciar al “delincuente sexual en serie”. Dice a las posibles afectadas que: “Si cree que usted ha sido víctima de Brian Jeffrey Raymond, o si usted tiene información acerca de Raymond, el FBI le pide que complete este cuestionario, que está disponible en fbi.gov/BrianJeffreyRaymond”.

No obstante, el Tribunal consideró este caso complejo e inusual, por lo que hay un aplazamiento del tiempo de Juicio Rápido hasta una fecha tentativa de juicio, el 8 de noviembre de 2023. El Tribunal, sin embargo, hará todo lo posible para fijar el caso en una fecha de juicio anterior, en la medida en que las circunstancias lo permitan.

 

 

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