Más de 132 mil desaparecidos sin localizar: el legado de negligencia institucional en México

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas revela una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Desde 1952, se han acumulado 394,645 registros de personas desaparecidas, de los cuales 132,534 permanecen sin ser localizadas. Durante siete décadas, ninguna administración federal o estatal ejecutó búsquedas sistemáticas ni depuró los registros, evidenciando abandono institucional generalizado. La información presentada en la Mañanera del 27 de marzo demuestra que 46,742 casos carecen de datos básicos de identidad, con nombres como BBC, Juanito o Niña figurando en expedientes oficiales. Aunque mensualmente se localizan 66 de cada 100 personas reportadas como desaparecidas, 96 de estas localizaciones corresponden a ausencias voluntarias y conflictos familiares, no a desapariciones forzadas. El 98 por ciento de los casos se concentra en el período que comenzó en 2006, iniciado por la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, continuada sin cambios por Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Las fiscalías estatales constituyen el principal obstáculo en la investigación. De 43,128 casos sin actividad posterior a la desaparición, el 71 por ciento fue registrado por estas instituciones, pero solo 3,869 cuentan con carpetas de investigación formal, mientras 26,611 permanecen como meros reportes. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente esta catástrofe y promovió una reforma en 2025 que obliga a abrir investigaciones desde el primer reporte e impone sanciones a funcionarios incumplidores. Sin embargo, el problema radica en la estructura política: la mayoría de fiscales responden a gobernadores que se niegan a admitir desapariciones en sus territorios, por lo que requieren presión constante para actualizar registros.