La complejidad regulatoria en México representa un obstáculo significativo para el desarrollo económico del país. Según datos presentados por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los empresarios que desean invertir en territorio mexicano enfrentan un proceso que requiere en promedio 2.6 años de gestión. Durante este período deben cumplir con 466 requisitos diferentes y completar 51 trámites distintos: nueve en la fase de constitución, 25 durante la construcción y 17 para la operación regular de negocios. Esta estructura burocrática representa un desafío considerable para el sector empresarial nacional. El costo económico de esta realidad es sustancial. Un estudio realizado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en 2017 estimó que el exceso de trámites consumía 2.72 por ciento del producto interno bruto mexicano. Las variaciones geográficas son notables, siendo más grave el impacto en ciertos estados y municipios donde la tramitología es particularmente compleja. El panorama se complica aún más considerando que las obligaciones administrativas provienen de múltiples fuentes: requisitos fiscales, laborales, de protección civil, propiedad intelectual, ambiental y uso de suelo, distribuidos entre los tres niveles de gobierno. Para las pequeñas y medianas empresas el impacto es particularmente severo. Según investigación de México Evalúa realizada en 2023, las mipymes dedican 506 horas anuales a gestionar sus obligaciones administrativas y regulatorias. Las empresas de nueva creación pueden requerir hasta 650 horas al año solo para cumplimiento normativo. Frente a esta situación, en 2025 se aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, que propone reducir a la mitad la cantidad de trámites, requisitos y tiempos de atención. La iniciativa busca consolidar 200 trámites únicos en estados y 100 en municipios. En el sector salud se establecieron metas concretas: los tiempos de resolución de la Cofepris se reducirán de 100 a 24 días, con autorización inmediata para proyectos superiores a 2 mil millones de pesos.
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