Después de casi diez años sin grandes iniciativas de este tipo, la Comisión Federal de Electricidad abre nuevamente las puertas a la inversión privada en proyectos de generación de energía. Con un nuevo marco regulatorio y enfoque político, se ha revitalizado el interés de los inversionistas en el sector. La convocatoria actualmente en curso para desarrollar proyectos de generación mixtos en colaboración con la CFE refleja este resurgimiento, superando ampliamente las expectativas iniciales del gobierno mexicano. Según Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, la empresa estatal se posiciona como un aliado sólido para las inversiones mixtas en energía. En febrero pasado, la CFE junto con la Secretaría de Energía lanzó una convocatoria para Esquemas de Desarrollo Mixto buscando socios para construir 7 mil 500 megawatts de capacidad de generación renovable. Los resultados han superado todas las proyecciones, con ofertas que duplican la meta original. La CFE ha recibido propuestas por más de 17 mil MW de capacidad. Tras un proceso de depuración y verificación de requisitos, se espera alcanzar más de 10 mil MW, según informó la secretaria de Energía, Luz Elena González. Este volumen representa casi una tercera parte de los 32 mil MW que el gobierno mexicano proyecta construir en el Sistema Eléctrico Nacional durante el sexenio completo, considerando todas las tecnologías disponibles. En términos de inversión, el mercado estima montos que oscilan entre 700 mil y un millón de dólares por megawatt de capacidad generada. Este concurso marca un hito importante al ser el primer gran proceso de selección para construir capacidad de generación renovable en casi una década. La última subasta eléctrica de largo plazo de la CFE se realizó en 2017, adjudicando 15 centrales de energía limpia con capacidad conjunta de casi 2 mil 600 MW e inversiones por 2 mil 400 millones de dólares. El modelo innovador establece que la CFE participará como socia mayoritaria con 54 por ciento en cada proyecto seleccionado. Estos proyectos están sujetos a la planeación vinculante del Estado mexicano para garantizar viabilidad económica, técnica y social, considerando las comunidades locales. La CFE aporta los permisos de generación, trámites administrativos y garantiza acuerdos de venta de energía a largo plazo, mientras que el sector privado, con el 46 por ciento restante, ejecuta la inversión que recupera mediante la comercialización de energía.
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