Cancún, QRoo.- El Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado oficial en el que confirma que el Almirante Carlos Manuel Bandala González cesó en su cargo como titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo a partir del 19 de agosto. Según la dependencia, esta transición responde a los procedimientos estándar de rotación de personal que se ejecutan regularmente en las instalaciones del Instituto en todo el territorio nacional. En el documento, el organismo expresó su reconocimiento por los años de desempeño del Almirante y aseveró explícitamente que su gestión no presenta ningún tipo de señalamiento. Asimismo, precisó que Bandala González no ha sido objeto de investigación alguna por la presunta realización de actos irregulares. El comunicado fue emitido luego de que el 19 de agosto circularan reportes que sugerían una remoción abrupta vinculada con una pesquisa federal sobre una supuesta red de documentación migratoria falsificada. De acuerdo con esos relatos no confirmados, se habían identificado cientos de expedientes anómalos dirigidos principalmente a ciudadanos de Cuba y Venezuela, con tarifas que en ciertos casos superaban los 5 mil dólares. También se insinuaba una posible conexión con casos de menores de edad, lo que habría encendido alertas sobre posibles delitos de trata de personas. Estas versiones generaron intenso movimiento en plataformas digitales y medios locales. No obstante, el INM refutó categóricamente tales versiones mediante su tarjeta informativa difundida en Cancún. Mauricio Alejandro Patiño asume el cargo de titular de la representación estatal. Con este posicionamiento, el INM zanja las conjeturas y reafirma que el cambio obedece a desplazamientos internos típicos de la institución. La dependencia no proporcionó información adicional respecto al destino laboral del Almirante Bandala González ni sobre posibles reajustes complementarios en la estructura de la oficina quintanarroense. Anteriormente, diversas fuentes habían reportado la existencia de una investigación de aproximadamente dos años sobre anomalías en la distribución de documentos migratorios desde la delegación en Quintana Roo. Se mencionaba la cifra de 935 expedientes con documentación fraudulenta y de un sistema que cobraba cuotas ilegítimas por gestiones que posteriormente se presentaban como comprobantes de nacionalidad mexicana ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los reportes también indicaban que parte de esta documentación habría sido entregada a personas menores de edad, elevando la gravedad de los cargos hacia el delito de trata de personas. Estos relatos, que careció de confirmación oficial por parte de autoridades ministeriales en su momento, generaron expectativa acerca de un eventual cambio de dirección en medio de acciones de organismos federales.
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