Durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el máximo funcionario del Consejo de Cooperación del Golfo solicitó autorización para emplear medidas coercitivas en el estrecho de Ormuz. Jassem Al-Budaiwi presentó ante el organismo internacional las quejas de los seis países miembros: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán. Según su denuncia, Irán ha restringido el paso de embarcaciones comerciales y de carga petrolera en esta ruta estratégica, condicionando el tránsito de algunos navíos. El funcionario enfatizó la urgencia de que el Consejo actúe para preservar los pasos marítimos internacionales y asegurar el libre flujo comercial. Una propuesta normativa originaria de Baréin ha permanecido bajo evaluación durante diez días entre los quince miembros del Consejo. Este documento permitiría a cualquier nación o agrupación de países recurrir a los métodos que consideren pertinentes para mantener la navegación segura en la zona. Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia considerable. Potencias permanentes como Rusia, China y Francia han manifestado objeciones sustanciales, manteniéndose firmes en su posición incluso después de cinco reformulaciones del documento. El bloqueo gradual del estrecho, iniciado tras los ataques aéreos del 28 de febrero contra territorio iraní, ha provocado repercusiones económicas globales significativas. Esta vía marítima canaliza aproximadamente una quinta parte de la producción petrolífera mundial además de envíos de gas natural licuado, cuya restricción ha generado un incremento notable en los precios energéticos internacionales.
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