Familias de desaparecidos claman justicia mientras gobierno prioriza recursos al Mundial

Durante la XIV Marcha de la Dignidad Nacional celebrada el 10 de mayo en el Ángel de la Ciudad de México, familiares de más de 133 mil personas desaparecidas en el país manifestaron su inconformidad ante lo que consideran una falta de prioridad gubernamental en la búsqueda de sus seres queridos. Los manifestantes cuestionaron que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Sheinbaum, destine recursos públicos al Mundial mientras se carece de financiamiento suficiente para las tareas de búsqueda de desaparecidos e identificación de restos humanos. Los oradores utilizaron lenguaje deportivo para expresar su indignación, con consignas como No hay juego limpio con campos de exterminio, demandando que se considere prioritario lo que califican como responsabilidad estatal. Durante el evento, madres, padres y hermanos de desaparecidos relataron los obstáculos que enfrentan en sus búsquedas, incluyendo fiscalías negligentes, amenazas de criminales y agentes gubernamentales, y riesgos en zonas donde las autoridades no incursionan. El caso de Socorro Gil, cuyo hijo fue desaparecido por policías municipales en Guerrero mientras las pruebas desaparecieron de las fiscalías, fue citado como ejemplo de complicidad estatal. La violencia contra mujeres y niñas continuó evidenciándose con el asesinato de Patricia Acosta y su hija Katia Jáuregui el 9 de mayo en Salamanca, sumándose a 20 buscadoras asesinadas previamente. Los familiares afirmaron que no se trata de hechos aislados sino de crímenes de Estado, rechazando narrativas que minimizan la situación. Norma Andrade solicitó a los medios difundir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el feminicidio de su hija Lilia Alejandra, publicada el mismo 10 de mayo, como recordatorio de la responsabilidad estatal y la impunidad que persiste desde 1994.