El Instituto Nacional Electoral detectó irregularidades en sus contrataciones desde 2019, cuando la Dirección de Control Interno identificó que Talleres Gráficos de México había recibido pagos excesivos que superaban los precios de mercado en hasta un 246 por ciento. La paraestatal también había subcontratado casi la totalidad de algunas funciones sin que mediara una licitación pública adecuada. El informe de gestión del Órgano Interno de Control de ese año señaló que los sobrecostos resultaban de una asignación directa a TGM, cuando existían posibilidades técnicas y comerciales para abrir un proceso competitivo. Además, se documentaron anomalías en la etapa de consulta de precios en el mercado. Ante estos hallazgos, el OIC instó al INE a revisar sus procedimientos de contratación y fortalecer los mecanismos de investigación de mercado para prevenir futuros gastos innecesarios y evitar que empresas paraestatales fungieran simplemente como intermediarias. En respuesta, durante septiembre de 2020, el Consejo del INE expidió el acuerdo INE/CG254/2020, mediante el cual aprobó nuevos modelos para la adquisición de materiales electorales destinados al Proceso Electoral Federal 2020-2021. En el documento se reconoció el impacto de los incrementos de costos registrados en consultorías previas y se señaló la necesidad de adoptar medidas de austeridad presupuestal, especialmente considerando la situación fiscal nacional proyectada para 2021. La institución decidió transitar hacia Licitaciones Públicas para ampliar la competencia entre proveedores y acceder a cotizaciones más ventajosas. El Consejo también mandató la conformación de un comité de vigilancia integrado por la Comisión de Capacitación Electoral, Secretaría Ejecutiva, Órgano Interno de Control, Dirección Ejecutiva de Administración y Dirección Jurídica. La Dirección Ejecutiva de Administración recibió instrucciones de participar en los procesos licitatorios, evaluar a los oferentes y presentar un análisis técnico de las propuestas. Lorenzo Córdova, quien presidía el INE anteriormente, comentó que la llegada de Jesús George Zamora a la titularidad del Órgano Interno de Control en 2019 generó tensiones en torno a la contratación directa con TGM. Córdova señaló que Zamora, posteriormente cercano a Morena, partido en el que desempeñó funciones de asesoría jurídica en el Estado de México a partir de 2023, fue crítico con la decisión de asignar a Talleres Gráficos la producción de materiales electorales, incluidas las boletas. Según Córdova, Zamora buscaba que el INE acudiera a mercados con estructuras oligopólicas para contratar bienes y servicios electorales. Córdova afirmó que en 2020, Zamora logró persuadir a un sector de consejeros electorales para obligar al INE a utilizar procedimientos de licitación pública.
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