La crisis de confianza que afecta la inversión privada en México encuentra raíces profundas en la concentración de poder que ha caracterizado la gestión federal durante los últimos ocho años. La erosión de autonomías institucionales, la subordinación del Poder Judicial y los controles sobre la libertad de expresión han generado un panorama de debilitamiento democrático que alcanza su punto más crítico con los recientes eventos en Sinaloa. El manejo del caso del gobernador Rubén Rocha Moya, quien obtuvo licencia indefinida tras solo horas de haber reasumido su cargo, expone fracturas profundas en la arquitectura estatal. Tanto la Fiscalía General de la República como la presidenta Claudia Sheinbaum se apresuraron a exonerar públicamente al funcionario, generando un mensaje contradictorio que debilita la credibilidad institucional. Este episodio plantea interrogantes que van más allá de lo retórico: la capacidad real de gobernar en territorios donde el crimen organizado parece ejercer control efectivo. Los antecedentes de Rocha Moya incluyen su participación documentada en los hechos violentos ocurridos en Culiacán el 25 de julio de 2024, que resultaron en el asesinato del político y empresario Héctor Melesio Cuén y en el secuestro del narcotraficante Ismael Zambada. Adicionalmente, su vinculación con procesos electorales presuntamente influenciados por el narcotráfico en 2021 ha trascendido fronteras. Las autoridades estadounidenses han formalizado cargos penales contra Rocha Moya y nueve políticos sinaloenses ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, con acusaciones que conllevan penas de cadena perpetua. Esta situación evidencia que mientras las instituciones mexicanas permanecen inmóviles, la justicia internacional persigue activamente estos casos, consolidando lo que expertos denominan el Riesgo Sinaloa, un factor que se suma a la ya complicada evaluación del Riesgo México en los mercados internacionales.
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