Modificaciones legales amplían capacidades de instituciones habitacionales para impulsar construcción de viviendas sociales en México

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó sobre las modificaciones implementadas a la Ley de Vivienda que expanden las facultades de los organismos nacionales del sector para intervenir de manera integral en la producción y financiamiento de vivienda en el país. Según la dependencia, estas transformaciones legislativas precisan y formalizan las atribuciones de las instituciones, permitiéndoles ejecutar acciones como la adquisición, rehabilitación y construcción de inmuebles, así como el financiamiento de procesos de autoproducción y participación en la urbanización de terrenos destinados a proyectos habitacionales. Edna Vega Rangel, titular de la Sedatu, destacó que los cambios legislativos favorecen un modelo que prioriza la accesibilidad, la calidad y la adecuada localización de la vivienda de interés social. Las reformas se enmarcan dentro del programa Vivienda para el Bienestar, que se propone construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio actual, dirigidas a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos. En este contexto, cada organismo tendrá responsabilidades específicas: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construirá 1 millón 200,000 unidades, la Comisión Nacional de Vivienda 500,000, y el Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) 100,000. El objetivo de estos cambios normativos es fortalecer la política habitacional al proporcionar mayor certidumbre jurídica a iniciativas orientadas a incrementar la disponibilidad de vivienda para poblaciones trabajadoras, en un contexto marcado por alta demanda y restricciones de acceso. Vega Rangel subrayó que estas facultades también incluyen la posibilidad de ofrecer líneas de crédito más accesibles como parte de una estrategia integral para garantizar el derecho a una vivienda digna. De acuerdo con la Sedatu, el ajuste normativo busca sincronizar las capacidades operativas de los organismos con los objetivos de la política pública habitacional, trascendiendo el simple otorgamiento de créditos. Esto implica que instituciones como Infonavit y Fovissste contarán con un fundamento normativo más sólido para participar en diversos momentos del ciclo habitacional, desde la obtención de terrenos hasta la construcción o mejoramiento de viviendas. La reforma también integra esquemas como la autoproducción de vivienda, que faculta a las personas a construir o mejorar sus hogares con apoyo técnico y financiero, además de reconocer la importancia de contar con suelo urbanizado para el desarrollo de nuevas unidades. Vega Rangel añadió que la reforma refuerza la solidez institucional y financiera de los organismos involucrados. El artículo 56 reformado establece que las aportaciones y la estructura de los fondos, bajo supervisión de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respaldan la viabilidad operativa de las acciones planeadas.