Mientras los indicadores oficiales registran una tasa de inflación del 4.53%, existe una brecha considerable entre esta cifra técnica y la inquietud que experimenta la ciudadanía mexicana. Las encuestas revelan que el encarecimiento de productos es la preocupación económica dominante en los hogares, desplazando otras problemáticas como el estancamiento del crecimiento, la insuficiente creación de empleo formal o la disminución de inversión privada. La diferencia radica en que mientras el dato macroeconómico permanece abstracto, sus efectos son tangibles: un kilo de tomate alcanza los 60 pesos, reflejando un incremento del 23.03% anualizado en frutas y verduras. Existe una distinción fundamental entre el conocimiento técnico de la inflación y su vivencia cotidiana. Se trata de un fenómeno que va más allá de las mediciones; es una experiencia compartida que molda comportamientos y expectativas futuras. Especialistas en economía conductual y antropología económica han documentado cómo la inflación funciona simultáneamente como medida científica y como hecho social. En este contexto, emergen interrogantes legítimas sobre la capacidad del gobierno para contener estos aumentos. El país cuenta con medidas como el tope de 24 pesos para gasolina Magna y 28 para diésel, además del PACIC, mecanismos que resultan insuficientes. La reciente alarma sobre los precios de la tortilla, donde el maíz no registra aumentos que justifiquen el alza, ilustra cómo la inflación revela relaciones de poder entre productores, distribuidores y consumidores. Estas dinámicas ponen a prueba la confianza institucional y la reputación de organismos como el Banco de México. La historia internacional ofrece lecciones contundentes: en naciones donde la hiperinflación se consolidó, como Argentina con tasas de 211% en 2023 y 118% en 2024, la credibilidad de los bancos centrales fue devastada, permitiendo que candidatos como Javier Milei propusieran su eliminación sin generar rechazo. México aún conserva distancia de estos escenarios catastróficos y mantiene una institución central con reputación sólida, pero la vigilancia permanece vigente.
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