La crisis de desapariciones en México: un legado de tres décadas de negligencia gubernamental

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU presentó ante la Asamblea General de ese organismo el caso de México el 2 de abril, calificando las desapariciones como generalizadas y sistemáticas, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad. Se trata de la acción más grave que puede tomar el comité internacional contra un Estado miembro. Desde 1952 se han documentado 394 mil 645 personas desaparecidas en el país, con al menos 132 mil 534 sin localizar hasta el 19 de febrero pasado. El 98 por ciento de estos casos ocurrieron entre 2006 y 2024, periodo que comenzó con la declaración de guerra contra el narcotráfico. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la metodología del informe del organismo internacional, argumentando que utilizaba datos de 2009 a 2017 para proyectar conclusiones hasta 2025. Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, respondió que el análisis no se basa en datos históricos sino en el aumento constante de registros actuales. La ley promovida por Sheinbaum en 2025 que obliga a abrir carpeta de investigación por cada denuncia constituye un avance necesario pero insuficiente, ya que las fiscalías estatales carecen de autonomía, recursos y personal especializado. Los datos revelan que apenas hay un detenido por cada 463 desaparecidos. Ningún gobierno, desde Felipe Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador, mostró voluntad política para combatir la impunidad sistemática. Las desapariciones no se detuvieron durante la administración anterior pese a las promesas de verdad y justicia, y las familias de víctimas continúan sin respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.